Desde el 18 de octubre de 2019 quedó expuesto de forma explícita la violencia desmedida ejercida por las policías en Chile para reprimir a manifestantes en contextos de protesta, lo que fue ampliamente difundido en redes sociales y dado a conocer al mundo a través de estas plataformas, debido a la censura de los medios de comunicación nacionales sobre la crisis política que vivía el país, especialmente los días en que fue decretado el estado de emergencia.
Al pasar los meses, la situación no ha cambiado y el derecho a la protesta sigue siendo criminalizado y -hasta cierto punto, su ejercicio se ha vuelto una actividad peligrosa- ya que la violencia y persecución contra las personas que deciden salir a la calle sigue latente por parte de las instituciones policiales, lo que ha ocasionado pérdidas oculares, agresiones físicas/psicológicas, detenciones irregulares, violaciones y muertes.
Lamentablemente, muchos casos permanecen sin personas identificadas como sus autoras, sumado a que las denuncias, investigaciones y procesos judiciales se encuentran sin avances.
Como las situaciones de violencia y represión en protestas siguen presentes, la cantidad de registros con contenido explícito sobre violaciones a los derechos humanos en distintos territorios de Chile no han dejado de circular a través de redes sociales y diversos canales de difusión.
Lo anterior, mediado por dinámicas de censura por parte de las plataformas, con motivo de la cualidades de estos contenidos, según cómo se ajustan a sus normas comunitarias y filtros.
Frente a las dificultades que esto trae al ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, es que hacemos una pausa para observar.
A pesar de lo impactante de ser testigo de una agresión -tanto en vivo como a través de plataformas digitales- poder registrar y dar cuenta de una vulneración es una oportunidad para crear archivos y promover la recopilación de materiales con miras de que sean utilizados a futuro en investigaciones para luchar por la búsqueda de verdad y justicia.
¿Por qué insistimos con esto? porque en un contexto “globalizado” en donde gran parte de la sociedad cuenta con algún dispositivo móvil o herramienta para registro, es posible generar aportes teniendo en conocimiento los requerimientos para que los materiales puedan ser utilizados como evidencias digitales en procesos de verificación.
Además, los testimonios de las personas en contextos de violaciones de derechos humanos -hayan sido observador@s de derechos humanos, transeúntes, o personas que participaban en las manifestaciones- son vitales para la documentación; permiten una rápida asistencia; y acercan redes de apoyo a sobrevivientes, víctimas y sus familias.
Por otra parte, los registros han sido de gran utilidad para dar cuenta del actuar policial y la represión desmedida en contra de la protesta social; la existencia de patrones de criminalización de la protesta; y la persecución contra los movimientos sociales.
En estos contextos, es que los registros y archivos por el ejercicio y resguardo de los derechos humanos son y serán fundamentales mientras ocurran vulneraciones a la integridad humana; se sostenga la injusticia e ineficiencia de los procesos judiciales; y se revictimiza a la población.
Frente a la violencia, seguiremos trabajando por la consolidación de herramientas prácticas y sintetizadas para que más personas puedan sumarse al trabajo con evidencias digitales por los derechos humanos, acorde a las realidades de sus territorios, tiempos y recursos.
Por futuros con reparación y respeto.
octubre 2021.